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NOTICIAS INTERNACIONALES (BOLIVIA)

Las ONG en la hora de las definiciones
Para las ONG de El Alto, y para todas las que trabajan a lo largo y ancho del país, también ha llegado la hora de las definiciones
Hace unos días, cuando Evo Morales dijo que había llegado “la hora de las definiciones”, y trazó una línea a un lado de la cual debían ubicarse sin titubeos los que están con el “proceso de cambio”, y al otro sus enemigos, no hablaba en vano. Sabía lo que decía, y esperaba que sus seguidores, tanto los incondicionales como los que no lo son tanto, entiendan el significado de sus palabras.
Las primeras reacciones no se dejaron esperar. Uno de sus principales aliados políticos, el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado, se reunió en un ampliado para decidir si están dispuestos a renunciar a su actitud crítica para convertirse en dóciles seguidores del masismo, o si se mantendrán leales a los principios básicos inherentes a una izquierda democrática. Pero ante la duda, optaron por abstenerse y postergar para junio tan importante decisión.
No fueron tan dubitativos los dirigentes de la Central Obrera Regional de El Alto, quienes decidieron dar el ejemplo y asumir el rol de inquisidores e iniciar la purga. A quienes no consideran suficientemente masistas*, y por consiguiente, siguiendo la lógica de Morales, son fascistas, los expulsarán de la urbe alteña y expropiarán sus bienes.
Para dar el primer ejemplo aleccionador, han decidido acallar y exiliar de El Alto a un comunicador social de amplia trayectoria, a quien acusan de haber criticado a dirigentes de los “movimientos sociales”. No se conforman con privarle del derecho al trabajo y a la libre expresión. Además de ello, le quieren prohibir que pise la ciudad que en los hechos gobiernan.
El segundo objetivo de esa ofensiva “purificadora” son las 145 Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en esa ciudad. A ellas las han conminado a que en el plazo de 30 días les presenten sus informes económicos y sometan las actividades que realizan a una evaluación de los dirigentes. “Los alteños no dudaremos en echarlos y tomar las instalaciones que edificaron a nombre de la pobreza de los alteños”, han dicho, y ya se preparan para dar el zarpazo.
Entre las muchas ONG que han sido conminadas a decidir “si son masistas o fascistas”, hay por ahora sólo una que ha rechazado el trato que los dirigentes alteños le pretenden dar. Es el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza que desde hace 26 años brinda múltiples servicios a las mujeres de El Alto. Ellas han decidido salir en defensa de la institución y se niegan a someterse a los dictados de la COR.
¿Qué dirán, y qué harán las otras 144 ONG de El Alto? ¿Y las varias centenas que trabajan a lo largo y ancho del país? ¿Cuántas de ellas aceptarán por ponerse de rodillas ante los inquisidores del MAS? Es difícil saberlo. Pero lo que sí es seguro es que para ellas también ha llegado la hora de las definiciones.
*Masistas:seguidores del partido politico MAS(Movimiento al Socialismo)
NOTICIAS :MENORES
Más de medio centenar de menores fueron declarados en riesgo en 2008
El día de Arona.
Más de 60 menores del municipio de Arona fueron declarados en situación de riesgo el año pasado por la Concejalía de Servicios Sociales, "cifra que representa una subida significativa con respecto a 2007", según manifiesta la concejal del área, Clara María Pérez.
La responsable del departamento municipal, que se mostró preocupada por este hecho, comenta que una vez "detectamos el problema se pone en marcha el mecanismo para intentar solucionar el problema", con la participación de 10 técnicos municipales entre trabajadores sociales, educadores familiares y psicólogos.
Indica que "antes de declarar el riesgo se advierte a los padres de que los menores están en una situación de prerriesgo, cifra que en 2008 superó los 300".
Desde ese momento "se comienza a trabajar con las familias en todos los ámbitos, desde el nivel educativo hasta el sanitario, pasando por el familiar", expresa la edil.
Pérez indica que "el objetivo es, por tanto, implicar a los padres para que subsanen la situación y que el menor, que es lo que nos importa, sea atendido como corresponde".
Explica que el trabajo con las familias no es fácil y la constancia es fundamental para que las causas que derivaron al prerriesgo se resuelvan definitivamente y "regrese la normalidad" a los núcleos familiares.
La concejal responsable del Patronato de Servicios Sociales de Arona reconoce que numerosas familias no lo logran y después de un tiempo trabajando con las mismas "no nos queda más remedio que declarar el riesgo", contabilizando el año pasado a 60 menores.
Explica que este hecho, en que se sigue trabajando con los padres de los niños afectados, implica la apertura del correspondiente expediente administrativo, en el que se reflejan las circunstancias que han derivado en el riesgo.
Plan de intervención
Además, se inicia un plan de intervención consensuado con las familias "para garantizar el bienestar del menor y donde el Patronato de Servicios Sociales presta apoyo en todos los niveles", manifiesta la concejal del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arona.
Clara María Pérez indica que todas estas medidas se desarrollan durante un determinado plazo de tiempo para que los progenitores tomen conciencia del problema y actúen con la máxima inmediatez para evitar medidas más drásticas.
La edil explica que "cuando no podemos solucionar las circunstancias que provocaron el riesgo se comunica a la Dirección General del Menor del Gobierno regional lo que está sucediendo y es cuando se declara la situación de desamparo, sacando al niño del entorno familiar".
Dicha medida "extrema" tuvo que ser aplicada en el municipio de Arona en tres casos, "donde se actúa para garantizar la integridad del menor", comenta la concejal nacionalista, quien destaca que "estamos hablando de casos donde los padres tienen problemas, fundamentalmente por el consumo de drogas y alcohol".
NOTICIAS :MENORES
Educación social y menores con medidas de protección
NOTICIAS:VIOLENCIA DE GENERO
Gais y lesbianas afirman que no están protegidos por la ley de violencia de género.
La Confederación Española de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (Colegas), denunció ayer que la Ley Integral de Violencia de Género no los protege y ha exigido un cambio urgente de la normativa para que las agresiones en las parejas del mismo sexo sean consideradas violencia doméstica y, por tanto, estén amparadas por las medidas que contempla la ley integral.
Tras conocer el asesinato, el martes, de un homosexual en Adra (Almería) por parte de su ex esposo y el posterior suicidio de este, la organización recordó que la violencia doméstica entre parejas homosexuales es una realidad invisible, que no se denuncia, y que la actual ley no reconoce. «Los gais y lesbianas no podemos acogernos a la actual ley para obtener el alejamiento de nuestras parejas en caso de violencia, ni el acceso a centros de acogida», indica en un comunicado de prensa la vicepresidenta de Colegas, Rosa Ortega.
Esta confederación considera necesario romper con el mito de que en las relaciones homosexuales no existe el maltrato: «Las víctimas gay-lésbicas de la violencia doméstica son igualmente comparables a las mujeres víctimas de violencia de género, y quien diga lo contrario no solo miente descaradamente sino que va contra los derechos de gais y lesbianas y los derechos humanos en general», indican en el texto.
Protección del Código Penal
El presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Benito Gálvez, dijo ayer que este asesinato no puede tramitarse como un caso de violencia doméstica, algo que sí ocurriría si el matrimonio hubiera estado compuesto por mujeres.
En una rueda de prensa tras el crimen, Gálvez consideró que a efectos legales este caso no podría tramitarse por un juzgado específico de violencia doméstica, sino que se enjuiciaría como un delito ordinario contra la vida. El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, aseguró por tanto que las personas que sufren agresiones en el ámbito familiar por parte de su pareja del mismo sexo no están desprotegidas, porque son agresiones que se juzgan con el Código Penal y cuyas víctimas reciben las ayudas previstas en la Ley de Protección de Víctimas de delitos violentos.
Por su parte, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, Micaela Navarro, dijo que aunque duda si incluir este suceso en violencia doméstica, está claro que también en las relaciones homosexuales hay situaciones en las que una persona quiere someter a otra.
